Del 3 de febrero al 13 de marzo de 2024.
El pasado mes de marzo finalizó el juicio contra dos compañeros ingleses represaliados por su lucha contra la experimentación animal. Esta es la crónica de lo sucedido durante las distintas jornadas del proceso.
El 3 de febrero de 2024, mi coacusado y yo entramos a la sala de juicios del Tribunal de la Corona de Cambridge. Daba comienzo un juicio que duraría cinco semanas y en el que policía y fiscalía iban a intentar acabar con las actividades legítimas de activistas por los derechos de los animales. Nos acusaban de delitos que atentaban contra la sección 4 A de la Ley de Protección ante el Acoso de 1997 y la sección 145 de la Ley de Policía y Crimen Organizado por “acosar causando gran sensación de alarma y malestar” e “interferir con relaciones contractuales con el fin de dañar a una organización de investigación animal”.
Nos iban a juzgar y posiblemente a encarcelar por investigar potenciales violaciones de la actual legislación con la intención de proteger a los animales usados en los laboratorios y por organizar protestas totalmente legales. Hasta en dos ocasiones el juicio sufrió
dos inicios fallidos hasta que el 3 de febrero por fin comenzó. Tan pronto como empezó (y parece ser que sin precedentes), el fiscal fue recusado por el juez, que dudaba de “su habilidad para entender y procesar un caso con argumentos legales tan complejos”. Se paró el juicio hasta que se encontró a un nuevo fiscal que pudiese ocuparse
del caso. El nuevo Jurado prestó juramento y el juicio finalmente pudo comenzar. La fiscalía dijo que el caso no tenía que ver “con los derechos de los animales”, sino con una empresa, Impex International Couriers y su derecho a que se les dejase llevar adelante su legítimo negocio, que consiste en recoger perros beagle de MBR Acres, en Cambridgeshire, y transportarlos hasta centros de experimentación como Labcorp, en Huntingdon.
Aseguraban que el acoso que decían haber sufrido les había causado “graves trastornos” a nivel empresarial y Russel Phillip Morgan, director de la compañía, había “temido” por sí mismo y por su familia. Y se supone que ese miedo lo habían provocado los rastreadores GPS que se habían colocado en furgonetas de Impex y en coches que pertenecían a los conductores contratados por la empresa, aunque bajo juramento todos los conductores admitieron no tener conocimiento de los rastreadores en sus vehículos o cualquier control encubierto de sus movimientos. También dijeron que se llevó a cabo una campaña de acoso mediante manifestaciones totalmente legales que se organizaron frente a las instalaciones de Impex, en Thrapston, Northamptonshire.
Tanto Russel Phillip Morgan como su esposa Amy Morgan, ambos responsables de Impex, dieron testimonio bajo juramento de que habían sido objeto de “grave” acoso por parte de los acusados, lo que había tenido un impacto devastador tanto en ellos como en sus hijos
pequeños. Después se afirmó que Russel Morgan había sufrido un nivel de estrés mental grave, que le había causado pérdidas de peso y problemas de salud mental. Sin embargo, el interrogatorio al que les sometió Tom Wainwright, el abogado defensor, mostró una realidad diferente. Después de que Russel Phillip Morgan realizase varias
declaraciones a la policía sobre supuestos daños causados a una de las furgonetas de Impex por uno de los acusados durante una protesta en las instalaciones de la empresa, se le invitó a que viese las grabaciones de sus propias cámaras de seguridad del día de la
protesta. Phillip Morgan declaró que uno de los acusados atacó su furgoneta con una pancarta, causando abolladuras en el capó, y después intentó arrancarle la matrícula. Pero las cámaras no solo no habían captado nada de esto, sino que claramente nunca había
ocurrido. Russell Morgan también declaró que el mismo acusado intentó abrir su puerta para sacarle del vehículo. De nuevo, las grabaciones de sus propias cámaras de seguridad no mostraron ninguna evidencia de que aquello hubiese ocurrido. Amy Morgan
subió entonces al estrado para repetir esas mismas acusaciones hasta que se vio forzada a reconocer que no había habido ningún ataque a la furgoneta de Impex.
Más desconcertante fue la negativa de Russell Phillip Morgan a responder a preguntas directas sobre su relación contractual con MBR Acres y Labcorp, las compañías que aparecían mencionadas en el auto de acusación. También fue impactante oír a Russell Morgan decirle al juez que no tenía “ni idea” de lo que le ocurría a los beagles, los
monos y el resto de los animales que trasladaba a laboratorios de experimentación por contrato de todo Reino Unido. Lo decía la misma persona que le había contado al jurado que llevaba veinte años siendo director de Impex. La fiscalía intentó desesperadamente
inculcar la idea de que las manifestaciones podían estar dentro del tipo de conductas que pueden suponer acoso. Desde la perspectiva de nuestra defensa y las implicaciones para otras personas que realicen campañas, esas palabras suponían un peligro. También estaba el asunto que constituía el principal elemento de nuestra defensa, la “investigación de potenciales violaciones de las leyes que protegen a los animales usados en laboratorios”, tal y como son.
Se había declarado improcedente el testimonio de un cirujano veterinario y experto en comportamiento canino y, aunque aquello fue una decepción, sí se nos permitió mostrar dos de los videos grabados por miembros de Camp Beagle en los que se veía a perros Beagle dentro de las naves sin ventanas de MBR. Los miembros del jurado
estaban claramente impactados por los videos, al ver a beagles con claros signos de estrés emocional, yendo de arriba abajo sin ningún tipo de enriquecimiento ambiental ni esperanza. La fiscalía se burló de la idea de que se estuviesen infringiendo las normativas de bienestar animal e hizo hincapié en que MBR no había sido condenado previamente en Reino Unido. Los acusados expusieron el secretismo que históricamente ha envuelto a la industria de la experimentación animal mientras mostraban las pruebas.
Expertos en comunicaciones móviles mostraron pruebas que relacionaban a los acusados con los localizadores y mapas detallados de sus movimientos cerca de los puntos clave. Todo ese material al estilo James Bond lo usaron para darle un aire siniestro a las
actividades de los acusados, pero en realidad simplemente sirvió para demostrar que solo trataban de investigar y monitorizar a Impex y el resto de compañías a las que transportaban animales. Le dieron al jurado un “storyboard” que mostraba las piezas clave de las pruebas contra los acusados, que incluía fotos y pantallazos de mensajes entre
los acusados. La fiscalía se esforzó por sugerir que los mensajes más inocuos, en realidad ocultaban un significado más siniestro. Habían interceptado unos 2000 mensajes de sus teléfonos, de los cuales, solo unos pocos se usaron en el juicio. En realidad, los mensajes no revelaron nada más que conversaciones normales entre dos amigos
que organizan campañas.
Las pruebas revelaron que los acusados habían sido el objetivo de una operación policial encubierta, organizada por la policía de Cambridgeshire que incluyó vigilancia fija y móvil. Se puede suponer que la policía creía que los acusados iban a realizar acciones ilegales
graves. Durante el juicio, lo que pudieron aportar al respecto fue el testimonio de un policía secreta que declaró tras una pantalla (como hicieron todos los testigos de la acusación, incluidos Russell Phillip Morgan y su esposa Amy, así como los empleados de Impex) que se sentó en un Starbucks café en la A14, cerca de Huntingdon y escuchó
a escondidas una conversación de los acusados con otras personas sobre futuras protestas. De nuevo, las pruebas no mostraban nada más que a personas que organizaban campañas hablando de una campaña legítima. Quizá es más revelador el motivo que se dio para vigilar a los acusados. Se dijo que “ambos acusados eran veteranos activistas por los animales que no habían dado señales de querer tirar la toalla”.
La fiscalía siguió dándole vueltas al uso de cámaras “encubiertas” que los acusados utilizaron para controlar los desplazamientos de los vehículos que usaba Impex para transportar a los perros a los laboratorios. La fiscalía, una vez más, volvió a sugerir que esas grabaciones realmente formaban parte de un plan siniestro para descubrir las direcciones de las personas que trabajaban para Impex, MBR o Labcorp. No había pruebas que demostrasen que ese era el auténtico motivo de las filmaciones, más bien lo contrario, ya que las grabaciones incautadas por la policía mostraban los desplazamientos
de las furgonetas de Impex mientras transportaban perros o cuando los entregaban.
Russell Phillip Morgan ya había hecho emotivas declaraciones sobre las pérdidas a nivel económico y el estrés que tanto él como su empresa había sufrido supuestamente debido a las actividades de los acusados. “Interferir con una relación contractual para dañar una organización de investigación animal” suena como algo grandilocuente y grave, pero en este caso, la “interferencia” era una especie de “todo en uno” e implicaba que una investigación o una protesta legítima contra una empresa podía constituir en sí mismo un
delito, lo que sentaría un peligroso precedente. El caso arrojó nuevos argumentos referentes a las definiciones de acecho, acoso y el derecho a la protesta. Tom Wainwright y Owen Greenhall, los abogados defensores, lidiaron de forma profesional y apasionada con dichos argumentos. Cuando el juicio encaraba ya su sexta semana, la fiscalía ofreció su discurso final a los miembros del jurado, que consistió en una serie de argumentos confusos y poco convincentes cuya finalidad era enturbiar las aguas con la esperanza
de conseguir que nos condenasen. Los argumentos de la defensa fueron bien distintos. Tom Wainwright afrontó directamente las acusaciones de que nuestros actos constituían acoso y guió al jurado haciéndole ver que protestar no constituye un crimen y, con decisión, subrayó la legitimidad de investigar potenciales violaciones de las
leyes de protección animal basándose en los conocimientos previos de quienes llevan a cabo dichas investigaciones. Igual de acertadas fueron las incisivas observaciones de Wainwright cuando defendió que se puede y debe permitir que se lleven a cabo protestas sin interferencia de la ley. Owen Greenhall ofreció también al jurado un
claro mensaje sobre el uso de sistemas de rastreo encubiertos para
apoyar una investigación y por qué su uso en dichas circunstancias no equivalía a acoso.
El jurado escuchó al juez mientras daba su discurso final antes de que les pidiese que se retirasen a decidir sus veredictos. Tuvimos que pasar medio día de tensa espera en una sala aparte, antes de que nos informasen de que el jurado ya había tomado una decisión. El juez pidió a la portavoz del jurado que se pusiese en pie y le preguntó si habían conseguido llegar a un veredicto unánime. “Sí”, respondió la mujer de forma inequívoca. “Primer cargo: inocentes, segundo cargo: inocentes, tercer cargo: inocentes, cuarto cargo: inocentes”. El agente de policía encargado del caso abandonó la sala a toda prisa.
El alivio que sentimos tras el veredicto se tornó en rabia cuando pensamos en lo ocurrido durante los últimos dieciocho meses. Seis meses en prisión preventiva en el centro penitenciario de Peterborough, diez meses teniendo que llevar una tobillera de
seguimiento, cumpliendo un toque de queda y con restricciones a la hora de viajar. El coste que habíamos pagado por nuestra relación con una investigación y una campaña legítimas había sido alto. La verdad sobre qué había ocurrido y por qué, la conocían aquellas personas involucradas en la industria que cría, vende y transporta perros,
monos y otros seres sintientes que serán vendidos a laboratorios de experimentación por contrato. Esos que hicieron un mal uso de la ley para silenciar a quienes les critican. Les debemos mucho a Tom Wainwright, Owen Greenhall y Jane Cleasby de Kellys solicitors, por todo lo que hicieron para ganar esta batalla tan importante.
Finalmente, decir que no debemos rendirnos nunca, jamás, se lo debemos a todos esos animales encerrados en la pesadilla que supone la industria de la experimentación.